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miércoles, 21 de febrero de 2018

El Gobierno español estudia medidas legales para evitar opas no deseadas


  • Busca un marco jurídico, con el visto bueno de Bruselas, que blinde en un futuro los intereses del Estado en sectores estratégicos


ESPAÑA.- La guerra de opas sufrida en el pasado sobre la eléctrica española Endesa parece estar teniendo su réplica con la marcha en las operaciones lanzadas sobre Abertis, la concesionaria de autopistas presidida por Salvador Alemany.

De interés estratégico

Si bien es verdad que en ambos casos se trata de relaciones entre empresas privadas, el Gobierno considera a Abertis una compañía de interés nacional, ya que se trataría de «ceder» a los italianos –en caso de que se llevasen finalmente el gato al agua, frente a la oferta de la española ACS– las concesiones de autopistas estatales y las participaciones de Abertis en grupos estratégicos, como Hispasat y Cellnex.

Según hemos podido saber, el Gobierno explora vías legales que puedan blindar en el futuro los intereses del Estado en sectores estratégicos. Perdida ya la partida ante los italianos con Endesa, y en aras de la posiblidad de que ocurra lo mismo con Abertis, las fuentes consultadas explican que, tras analizar con abogados del Estado dependientes de los ministerios afectados, intentan encontrar la herramienta jurídica que en el futuro evite fusiones u opas no deseadas, sobre todo, procedentes del exterior.

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Ley orgánica

Añaden las mismas fuentes que la fórmula debera estar acorde con la legislación europea, por lo que tendrá que tener el visto bueno de Bruselas, y tendrá carácter más de ley orgánica que de decreto u orden ministerial, ya que el país pasa por un momento político muy complicado en el que el Ejecutivo necesita de apoyos de partidos de la oposición para cualquier toma de decisión que requiera cambios normativos.

Para ello, los asesores jurídicos del Gobierno analizan fórmulas de las que disponen otros países fuera –entre ellos, Estados Unidos– y dentro de la Unión Europea con el objetivo de defender sus intereses estratégicos empresariales.

Mecanismo europeo

Pero no es el Gobierno español el único que quiere evitar opas extranjeras si ya no dentro de sus fronteras también que procedan de fuera de la Unión. Ya en junio del año pasado, los líderes europeos –a petición del presidente francés Emmanuel Macron– se reunieron en una cumbre en Bruselas para discutir si se deberían tomar medidas para evitar opas extranjeras por motivos de seguridad nacional.

Macron entonces encontró apoyos en poderosos aliados: Alemania y, precisamente, Italia, siempre defensor de sus empresas estratégicas pero muy dada a entrar como elefanta en una cacharrería en las de otros países vecinos, como España, tanto en el caso de Endesa como en el de Abertis.

Entonces, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni mostraron a Macron la necesidad de encontrar un mecanismo europeo contra opas no deseadas en sectores con importancia estratégica. Sobre todo, por el peligro cada vez más creciente de ofertas de adquisición de grupos estatales chinos sobre importantes firmas tecnológicas en Europa, cuando la opción contraria –oportunidades similares en el mercado chino para las empresas europeas– es del todo inexistente.

Sin embargo, Francia, Alemania e Italia se encontraron con la oposición de los estados europeos defensores del libre comercio. Holanda, los países nórdicos y los estados bálticos plantearon a los líderes del núcleo duro de la Unión objeciones a la propuesta ya que impulsaría el proteccionismo en el bloque y perjudicaría cualquier respuesta de la UE como reacción al nacionalismo económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al perder credibilidad y fuerza.

En opinión de Alemania, Francia e Italia, posibles medidas similares a las norteamericanas darían a la UE un mecanismo similar a los poderes consolidados desde hace tiempo al otro lado del Atlántico, en tierras norteamericanas, donde el Comité de Inversiones Extranjeras tiene en consideración –con opción de veto–, el interés nacional y las implicaciones para la seguridad que tienen las inversiones extranjeras en compañías estadounidenses.

Mientras tanto, en España, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha quedado prácticamente solo en su férrea defensa de la españolidad de Abertis. El ministro ha estado forzando la máquina en el devenir de la operación para lograr que los italianos pidieran autorización para lanzar su oferta sobre Abertis. El pretexto utilizado por Nadal ha sido, y sigue siendo, la existencia de activos de interés estratégico para España: las autopistas de peaje (cuyo propietario último de los activos es el Estado español), y la participación en Hispasat (de cuyo capital Abertis posee algo más de un 90%), mientras que fuentes italianas aseguran que no tienen ningún interés en hacerse con el control de ninguno de estos activos.

La autorización que ha llegado parcialmente tanto para Hochtief –la filial de ACS que lanzó la oferta sobre Abertis– también ha llegado para Atlantia. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sí dio el visto bueno a la opa por la parte de autopistas de peaje, pero Nadal sigue estudiando si otorga o no el permiso a ambas empresas por la parte del operador de satélites.

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Afrentas italianas del pasado

Y es que el ministro Nadal no olvida las afrentas italianas del pasado: primero, la venta de Endesa a la italiana Enel, que desde 2009 ha visto cómo buena parte de sus activos se han transferido a la matriz, quedando limitada a su funcionamiento dentro de la península. Y, después, la fusión de Abertis y Autostrade, truncada hace diez años por el Gobierno italiano de Romano Prodi.

Una operación idéntica a la actual, pero con los papeles cambiados, y en la que el Ejecutivo italiano echó el resto para frenar la operación. En definitiva, Nadal pretende que, más allá de las condiciones económicas de las ofertas, Atlantia y Hochtief garanticen que Abertis seguirá siendo una empresa generadora de riqueza para España para que no se repita lo ocurrido con Endesa.

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