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viernes, 10 de junio de 2016

El grupo francés PSA gana un juico en España en el que le reclamaban € 190 millones de impuestos que no le correspondía pagar




ESPAÑA.- Después de casi 6 años de litigio, el Tribunal Supremo ha dado la razón al grupo PSA (hasta hace un mes su denominación era PSA Peugeot Citroën) en una sentencia, contra la que no cabe recurso, en la que tumba las pretensiones de Hacienda de cobrar una deuda de 190 millones de euros, sumando los intereses de demora acumulados.

El fallo judicial considera que las deducciones en el impuesto sobre sociedades que se aplicó en España la compañía por una inversión en una filial en Argentina fueron ajustadas. PSA tuvo que presentar como garantía hipotecaria su planta de Villaverde (Madrid), en donde trabajan 2.500 empleados. El grupo cuenta además en Vigo (5.300 operarios) con su fábrica más productiva de Europa que, en ningún momento se ha visto afectada por este contencioso.

Desde la multinacional francesa, la reacción ayer fue de satisfacción, aunque declinó realizar más comentarios. La deuda tributaria se remonta a enero del 2010 cuando, una vez terminada la inspección, Hacienda reclamó 157,8 millones por el impuesto de sociedades entre los años 2001 y 2005. Del importe total, 36,9 millones corresponden a intereses de demora y el resto a cuota tributaria por diferencias en la valoración que el constructor de vehículos hizo de los títulos de Peugeot Citroën Argentina, empresa que la filial española de PSA adquirió en junio del 2001, así como de las inversiones realizadas posteriormente.

Cuando el Ministerio de Hacienda llamó a la puerta de PSA con la factura de pago pendiente, el fabricante francés firmó las actas en disconformidad, y procedió a recurrirlas en primera instancia al Tribunal Económico Administrativo Central, por considerar que la sanción impuesta no correspondía. Sin embargo, en julio del 2011 la reclamación fue desestimada.

El grupo francés presentó recurso ante la Audiencia Nacional y aportó como garantía hipotecaria los terrenos de la fábrica de Villaverde, en Madrid, a la espera de la resolución judicial. Esta fue condenatoria y el fabricante recurrió ante el Supremo.

En todo caso, y al margen de que las instalaciones fabriles de Villaverde figuren como garantía, la empresa ya explicó en su momento que existía un compromiso formal del grupo PSA Peugeot Citroën de compensar a la filial española de cualquier hipotético pago que, en última instancia, tuviera que afrontarse a favor de la Administración española tras la finalización infructuosa de los recursos presentados de forma que no se produzca ningún perjuicio patrimonial.

No es la primera vez que la multinacional que preside Carlos Tavares sale airosa de un litigio en España. En el 2011 reclamó ante los tribunales la devolución del pago del denominado céntimo sanitario -el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) creado en el 2001 para financiar las competencias de salud transferidas a las comunidad-, y la Justicia le dio la razón a finales del 2014 y con carácter retroactivo.

La suma de todos los ejercicios, desde el 2005 en adelante, puede dar como resultado una cifra de varios millones de euros, ya que PSA utiliza cientos de miles de litros de combustible al año para probar y enviar a destino los vehículos que fabrica (una media de 400.000 al año).

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