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jueves, 17 de marzo de 2016

China logra más de $2.450 millones gracias a sus contratos en Bolivia




CHINA.- Esa cifra representa una tercera parte de la inversión pública del 2016. Expertos dicen, que dichas adjudicaciones llevan al país a un peligroso endeudamiento a largo plazo. Con la última decisión del Gobierno, el pasado 19 de enero, de entregar el proyecto de desarrollo siderúrgico del Mutún a la firma Sinosteel, por $us 450 millones, las empresas chinas  en el país, a lo largo de la última década, se adjudicaron alrededor de $us 2.450 millones. Según expertos, dicha cifra es catalogada como histórica. Es que representa nada menos el 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y más de la tercera parte del total de la inversión pública de $us 6.300 millones que el Estado proyectó desarrollar esta gestión. 

Un análisis reciente del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA ) señala, que las empresas y consorcios como Sinohydro, CAMC Engineering Co. Ltd., Bolivia Branch, Railway y Sinosteel al menos desde hace cinco años se hicieron cargo de la construcción de carreteras, la planta hidroeléctrica de San José, la instalación de una planta industrial de azúcar en San Buenaventura, la instalación de la Planta Industrial de Sales de Potasio, el montaje de la planta siderúrgica de El Mutún y la construcción de ferrovías y puentes, entre las obras más importantes.

Un panorama sombrío. Al menos cinco grandes empresas chinas han arribado a Bolivia, para adjudicarse grandes proyectos de inversión pública en carreteras, minería, actividad petrolera e infraestructura industrial. Al unísono, intelectuales, economistas y expertos de los sectores involucrados señalan, que la apuesta de China hacia los países latinoamericanos, tiene una ambición expansionista con el objetivo de capitalizar los recursos naturales y acrecentar el extractivismo, incluso, dejando en segundo plano el desarrollo de los pueblos y su incorporación a la tecnología. Teófilo Caballero, economista y expresidente del Colegio de Economistas, señala, que los países emergentes como Bolivia, donde solo se produce materia prima, el interés de China, además de vender bienes de capital a servicios, cuyas adjudicaciones a empresas chinas, estuvieron ligados a créditos condicionales, como sucedió con la china CAMC Ingeneering Co, que con el paso del tiempo esos recursos se convierten con cargo a deuda externa. “Muchos países pobres como el caso de Bolivia, que no han sabido aprovechar épocas de la bonanza, han ingresado en una fase muy peligrosa de endeudamiento caro con el gobierno chino. En ese ámbito, lo preocupante, es cómo se administran los recursos del país”, argumentó.

Por su parte, Silvia Molina, investigadora del Cedla, manifestó que la presencia china está vinculada a cercenar los recursos propios del Estado,  incluido los préstamos del Banco Central, también a recursos de organismos multilaterales (CAF y el BID), a ello se agrega los préstamos de China a través de la entidad gigante del Exim Bank, con el anunciado endeudamiento de $us 7.500 millones en los próximos años. “Dentro de esos fondos se mencionan memorándums como el estudio del proyecto Rositas. Es decir vamos viendo presencias de empresas chinas en sectores muy específicos, pero no en términos de inversión, sino para constituir en deuda pública”, apuntó.

El agravante a todo ello, dice Molina que no se está hablando de empresas pequeñas, sino de grandes estatales chinas como CAMC, Sinohydro o la Harzone Industry Corporation, entre otros que han puesto en duda la calidad en el cumplimiento de los contratos con el país.

“Los chinos vienen a Bolivia a hacer negocios y que gane mucho dinero su país, como está registrado en la balanza de pagos que nos compra poco y nos venden mucho, y ellos al final de año ganan y se llevan a su país”, explica Germán Molina, economista.

Los principales contratos. De acuerdo a la información y los datos reflejados a lo largo de estos años del mismo gobierno, se deduce que las empresas chinas, al adjudicarse proyectos millonarios, mostraron demasiadas falencias no solo en el cumplimiento de los contratos, sino en el desarrollo de las obras, por una escasa capacidad técnica y con serios problemas laborales.

El caso más complejo es el escándalo con la empresa CAMC, cuya empresa presente en el país hace más de diez años, en seis contratos ha tenido falencias e irregularidades con Bolivia. Esos contratos supuestamente irregulares tienen que ver con la adquisición de perforadoras para la estatal YPFB; otra irregularidad tiene que ver con la compra del camión perforador de agua para la gobernación de La Paz por $us 2,5 millones de dólares.; la construcción del ingenio azucarero San Buena Ventura, cuya adjudicación habría sido forzada y a favor de CAMC, luego de haber sido descalificada dos veces. Asimismo, se precisa la fallida construcción del primer tramo del proyecto del ferrocarril Montero-Bulo Bulo. En tanto en el caso Misicuni, esta empresa no habría acreditado la solvencia de sus profesionales y finalmente en el proyecto Sales de Potacio, se adjudica a esta empresa, a pesar de las observaciones y antecedentes que ha librado en todos estos años.

El otro caso es la empresa china Ralway, que prácticamente con el 5% de avance, en más de dos años, abandonó la construcción del Ferrocarril, Yapacaní- Bulo Bulo; por esa situación el Estado le ejecutó las boletas. La afectación, además de los recursos desembolsados, es la afectación de al menos tres años de retraso.

Según el propio ministro de Obras Públicas, Milton Claros, las acciones que tomó el Estado, fueron a causa de varias advertencias y ante un constante incumplimiento de contrato. “Estas empresas han brillado por su irresponsabilidad y con argumentos fuera de contexto”, reconoció hace días en contacto con El Día.

“Es impresionante el incumplimiento de contratos, el nivel de baja ejecución, incluso de subcontratación, hay una incertidumbre sobre cómo se manejan los recursos. No hay control de calidad técnica y planificación, dado que si no se cumple en el tiempo previsto ya es un daño para el país”, acotó la investigadora Molina.
El otro caso con problemas laborales se refiere a la empresa Sinohydro, cuyo contrato de $us 107 millones desarrolla la doble vía entre Ivirgarzama-Ichilo, de 66 kilómetros (km), cuyo tramo forma parte del corredor entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Esta empresa ha sido denunciada en más de una vez, de malos tratos a los trabajadores  como una sola comida al día, falta de ropa de trabajo, jornadas de entre 10 y 13 horas diarias. Aun el problema no ha sido resuelto. Además, dicha empresa ha sido denunciada el mes pasado de haber falseado documentos del staff de profesionales en su propuesta con el que se adjudicó la construcción de la doble vía de 28 kilómetros por más de $us 400 millones de El Sillar. Aún por esa situación la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), aún no ha logrado firmar el contrato y menos la “orden de proceder”.

Otros proyectos concretados. Gran parte de las obras desarrolladas con empresas chinas han caído en el engrosamiento de la deuda externa. Es el caso del financiamiento de $us. 301 millones referente a la construcción y puesta en órbita del satélite Túpac Katari, cuyo gasto fue millonario a cargo de la gigante automotriz Great Wall, pero los resultados en términos de retorno de la inversión hasta ahora son desconocidos, además de los beneficios aún escaso del servicio de telecomunicaciones para el país.

Lo mismo sucede con la adjudicación del Proyecto Siderúrgico del Mutún, cuya empresa adjudicada en enero, aún se encuentra a la espera de un contrato.

Patético. En julio 2015, el embajador de la China en Bolivia, había puesto en claro el interés de su país en el nuestro. “Se requiere inversión en la explotación agropecuaria, en minería, carreteras, las estaciones hidráulicas, en fin. En este contexto, tenemos que trabajar y construir presas, ya que la geografía boliviana es idónea para edificar este tipo de infraestructuras”, sostuvo. Según los analistas, refleja el verdadero interés expansionista de China en países como Bolivia, donde el objetivo, es la apropiación de los recursos naturales.

Muestra. Según el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la mayor prueba de dicho interés de China se refleja en la exploración en la Amazonia, donde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adjudicó por contratación directa a dos empresas chinas “Asociación Accidental BGP” y “SINOPEC International Petroleum Service Ecuador Co (Sucursal Bolivia), para  tareas exploratorias.

Impactos. Con la apertura de 2.675,4 kilómetros lineales de sendas (ancho de 1,5 metros) y 61.835 detonaciones, con un promedio de uso de explosivos de 373 toneladas de pentolita (de entre 1/2 hasta 15 kilos por detonación), se ataca directamente  sobre la población indígena de ocho territorios titulados de la Amazonia Norte: Araona, Tacana, Cavineño, Chacobo-Pacahuara, Tacana III, Tacana-Cavineño, Multiétnico II, Esse Ejja. ” Es una muestra de la internacionalización de sus empresas y vinculados a la exportación de materias primas”, refiere Marco Gandarillas , Director del Cedib.

Puntualizaciones. La gran preocupación está cifrada en la mala gestión

Expansión. Las firmas chinas, según el economista Germán Molina, lograron abarcar a las empresas públicas de Bolivia desde YPFB, Ingenio Azucarero de San Buena Ventura, fábrica de cemento, Papelbol, litio, carreteras,  hasta la empresa militar de construcciones. “Por ejemplo, a lo largo de estos diez años de gobierno de Evo Morales se adquirieron maquinaria china de construcción con una vida útil de cinco años y un plazo de pago de veinte años. Ese es el problema: endeudarnos”, señala el experto.

Competitividad. Molina en su análisis, refleja que esta situación afecta sustantivamente nuestra competitividad  respecto a todos los países que utilizan el suministro de países más desarrollados como los Estados Unidos de Norteamérica, Israel, Alemania, Inglaterra, Francia, Corea del Sur, que cuentan con mejor y última generación de tecnología que les permite ser más eficientes en la producción y posterior colocación en el mercado internacional.

Dependencia. Tomando en cuenta el  anunciado crédito de $us 7.500 millones y anclado a que los mismos están atados a adjudicar proyectos a empresas chinas, los expertos se preguntan ¿qué gana Bolivia? La respuesta aún no es clara de parte del gobierno, si el dinero concedido en esta calidad retornará en forma de ganancia a empresas chinas.

“Una cosa es el endeudamiento con China y otra cosa es la inversión extranjera directa. El endeudamiento uno puede considerar la inversión con deuda externa. Eso nos lleva a un riesgo que asume el país; el acreedor no asume nada de eso.

Así entendido, en el caso de Bolivia, hemos tomado el camino del riesgo de la inversión y además de emplear recursos del endeudamiento condicionada a contratar  a una empresa que el acreedor nos impone. Normalmente a esa empresa no conocemos.

Esa es una modalidad que se usaba en los años 20 del siglo pasado en Europa y Estados Unidos. Pero la diferencia era que no se condicionaba tanto como lo hace China. Pero sí sugerían tomar en cuenta a sus empresas en un 40 a 70%.

Lo más desatinado es que esa deuda con China nos condicione a una empresa específica. Peor aún si no es una empresa especializada en el rubro.

En  todo esto de la relación Bolivia y China, no son inversiones; son deudas. Muy distinto sería que los chinos vengan y realmente inviertan. Con todo ello, Bolivia, además de utilizar esos recursos de endeudamiento, corre un doble riesgo.

Si se mantiene esta misma lógica, con los créditos de $us 7.500 millones, seguiremos asumiendo costos y riesgos excesivamente altos. Es momento de replantear toda esa situación. Aún estamos a tiempo”.

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