El director de la fabricante de Kola Real en República Dominicana, Arturo Marroquín, afirma que “el éxito de la empresa en el país no es casualidad” Industrias San Miguel (ISM), la empresa de capital peruano que fabrica la marca de refrescos Kola Real en Santiago Rodríguez, ha logrado en diez años lo que a otros les ha tomado más de un siglo. Sus datos establecen que ya cuenta con el 42.3% del mercado local, que se relaciona con 55,000 puntos de ventas y que su planta produce más de 160,000 botellas por hora.
La empresa, cuyas operaciones en el país se iniciaron en 2005 bajo el amparo de la Ley 28-01 de Desarrollo Fronterizo, ha realizado inversiones por US$110 millones y en este período ha reportado US$90 millones vía el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS).
Además de las ventajas comparativas que le dio la Ley 28-01, su llegada al mercado local tuvo que ver con la poca competencia que, según dice, había en el país en el segmento de gaseosas. Cuando se iniciaron aquí eran líderes Coca Cola y Pepsi, con sus diferentes productos, así como Imperio en el Cibao.
El director de Industrias San Miguel en República Dominicana, Arturo Marroquín, relaciona su éxito con la experiencia de más de 28 años en el trabajo continuo. “Tenemos experiencia a nivel internacional. Conocemos nuestras ventajas y nos diferenciamos bastante. La adaptabilidad de nosotros a la cultura es importante. Debemos conocer a nuestros consumidores. Invertimos en un canal de distribución y en nuestra gente. Creemos en nuestra gente y eso es lo más importante”, sostiene el empresario.
Marroquín explica que además de conocer oportunidades en el mercado dominicano, identificaron precios atractivos para la inversión, condiciones de clima adecuado y rompieron los paradigmas.
“Investigamos los incentivos tributarios que existen para la inversión extranjera en las zonas de frontera, que son deprimidos, y es así que decidimos dar el primer gran paso para crear una planta de producción en República Dominicana y nos acogimos a la Ley 28-01, que busca mejorar las condiciones de vida en la región fronteriza”, apunta el ejecutivo.
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