Argentina.- Ubicadas en lugares estratégicos pero lejos del alcance visual del ocasional transeúnte, las cámaras de seguridad privada ya forman parte del paisaje urbano en las principales ciudades del país. Estaciones de servicio, bancos, supermercados, universidades y hasta consorcios de edificios de propiedad horizontal incorporaron estos dispositivos -con capacidad para captar y almacenar imágenes- que crecieron en forma paralela a la necesidad social de incrementar la sensación de seguridad.
Paraná como varias localidades entrerrianas no escaparon a la creciente demanda de instalación de sistemas de videovigilancia que ya son parte de la vida cotidiana de fábricas, comercios y edificios de oficinas. Si bien esta tendencia de recurrir a la tecnología para custodiar espacios públicos o privados de uso público interesaba solamente a empresas, en la actualidad su uso se expandió a la esfera doméstica. Mientras estos aparatos ganan espacios en las calles, terrazas, cocheras y hasta en domicilios particulares, la información disponible en oficinas estatales acerca de la cantidad de espacios custodiados es prácticamente nula. Entonces es imposible determinar el número exacto de la cantidad de los ojos que nos vigilan, sin contar que desde hace varios años convive entre nosotros el sistema de videovigilancia del municipio y de la provincia.
No evita el delito Entre los administradores de edificios y de complejos de departamentos de la zona céntrica resulta frecuente la consulta para dotar de cámaras de seguridad la zona de ingresos de esas propiedades. “Los vecinos lo solicitan por seguridad y los delincuentes se cuidan un poco más cuando observan que hay cámaras. Frena un poco el delito, porque hemos detectado a personas robando, pero luego no pasa nada”, dijo a UNO la administradora de uno de los consorcios céntricos de Paraná. Sucede que la decisión de avanzar con esta inversión está sujeta a la necesidad de prevenir delitos, aunque no siempre resulta una solución. “En uno de los complejos estaban robando mucho en la puerta que da a la calle, a las mujeres cuando entraban les arrebataban las carteras. Por ese tema se instalaron las cámaras, y en todos los consorcios pasa lo mismo: es por seguridad”, advirtió la misma fuente. Sobre los costos de instalar un sistema de estas características explicó: “Es costosa la grabadora, entonces en otro de los consorcios pusimos una cámara nada más, porque aparte se debe contar con el servicio de internet”.
Se podría afirmar que acceder a una cámara de seguridad y la tecnología relacionada a la seguridad está más alcance de la mano. En algunas casa de venta de elementos de electrónica, en Paraná, un dispositivo puede costar entre 700 y 1.500 pesos. Aunque si la intención es adquirir un equipo profesional el presupuesto se puede llegar a cuadriplicar: un sistema dotado con equipo de grabación parte desde los 7.000 pesos. El titular de una empresa de seguridad privada, Pablo Marín, brindó algunas pautas que pueden ayudar explicar esta nueva tendencia. De acuerdo a su experiencia la mayoría de las empresas cuentan con un sistema de seguridad híbrido, pero afirmó que un 60% de las ventas está destinada al ámbito doméstico. “Una cámara no evita que te roben, lo que hace es correr el delito de lugar. Lo que no se roba en el centro se roba en los barrios”, describió en diálogo con este medio.
Un relevamiento propio de la empresa permitió establecer que un 30% de las cámaras instaladas en la capital entrerriana han sufrido delitos posteriores, siendo el promedio de instalación de 200 equipos anua les. “Hoy en día se utiliza la tecnología NVR y HVR, que no solamente te soportan cámaras comunes y analógicas en forma total, sino que soportan cámaras digitales como las cámaras IP. Podés implementar varias tecnologías en un solo equipo. Con 6.000 pesos se puede acceder a un equipo profesional y con garantía de cambio de un año, sumado a la instalación”, detalló. El monitoreo de imágenes -que consta de cuatro cámaras- llega al usuario a través de internet, haciendo que las reciban en la PC. Las imágenes se graban en el disco rígido del equipo y luego son subidas a los servidores de las computadoras hogareñas. “En el último año hemos instalado muchos sistemas en consorcios”, destacó el especialista. Y para dar cuenta de la expansión de este nuevo mercado reveló que en la actualidad el servicio también se presta a obras en construcción. “Damos el servicio de videoverificación; es un aspecto muy importante de la seguridad, porque no solo podés enterarte si existe un robo, sino que podés videoverificar lo que está pasando: cuando se dispara la alarma se dispone de la grabación para observar lo que está ocurriendo en vivo. Se puede hacer todo un procedimiento de seguridad acorde a los requerimientos del sistema”, sostuvo. Si bien el servicio de monitoreo abarca fundamentalmente a la zona céntrica, en los barrios comenzó a ganar espacio esta tendencia. “En la zona de Crisólogo Larralde y las vías; también se presupuestó en un barrio del Acceso Norte. En un barrio de 50 casas, solamente 20 quieren pagar y comienza un dilema entre los vecinos”, acotó.
Un debate que sigue abierto En la provincia rige desde 2012 la ley 10.175 que regula “la instalación y utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes, para tomar y grabar imágenes en la vía pública, en lugares públicos o de acceso público y su posterior tratamiento, con el objeto de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica, de los espacios públicos y la prevención de delitos y faltas de cualquier naturaleza, sin poner en riesgo las garantías de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, los que deberán respetarse en la grabación y uso de las imágenes obtenidas”. Por su parte, en Paraná, ingresó en 2013 un un proyecto de ordenanza para que la Comuna regulara la instalación de videocámaras oficiales o privadas y, especialmente, el posterior uso y tratamiento de las imágenes grabadas en lugares públicos. La intención era poder “garantizar el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”, afirmaba la iniciativa presentada en la última sesión del cuerpo por la concejal Cristina Sosa (FJPV). “Hay un decreto gubernamental que regula a las empresas de seguridad mediante control de agencias, que depende de leyes y contravenciones, que es competencia de la División Trata de Personas. A la Policía entra por Trata de Personas, va a Leyes y Contravenciones y luego a control de agencias”, advirtió el titular de Detectar Seguridad. El empresario reconoció que existe la intención de elaborar una normativa de alcance nacional que aborde el tema de la seguridad. “Hoy en día se está debatiendo a nivel mundial el uso de cámaras ciudadanas que reaviva el debate sobre el derecho a la intimidad. ¿Qué pasa? La Policía te coloca un domo a 10 metros de altura y con ese domo si vos vivís en una avenida con un tapial de 4 metros, la Policía puede observar adentro de tu casa”, alertó.
Para Marín, tanto su empresa como el resto de las que brindan este tipo de servicio “deben cumplir con ciertos parámetros de seguridad, ya sea para la instalación de cámaras, de alarmas. Pero no se cumplen, ni se regulan, porque eso lleva tiempo y dinero”. Contralor La División Trata de Personas tiene el contralor de las empresas de seguridad privada que funcionan en nuestra provincia. El titular de la dependencia, José Zárate, confirmó a UNO que dentro de la estructura funciona la sección Vigilancia Privada que brinda normativas a las empresas que prestan el servicio. “Nosotros actuamos como nexo con el Poder Ejecutivo para que las empresas logren la habilitación”, manifestó el funcionario. Consultado acerca de la cantidad de dispositivos privados que se llevan instalados, Zárate admitió: “Lo habíamos visto como una posibilidad, pero esto se nos va de las manos porque no podemos hacer un censo. Tendría que ser otro ente comunicacional el encargado de realizar esta tarea. Tengamos en cuenta que hay varios intereses de por medio y no se podría establecer una congruencia de ideas”. El encargado de la repartición planteó que esta cuestión se debería imponer como uno de los desafíos a corto plazo. “No hay ninguna regulación, no hay un encuadre. Hoy en día las empresas prestatarias ante un incidente mandan supervisores a llamar a la División 911”, explicó.
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