Además, las sospechas de los investigadores en relación a la edificación destinada a juzgados civiles, ronda en una posible sobrefacturación que benefició a la empresa RIVA SA., la misma a la que se acusa de incumplir lo pactado y a la que se le volvería a otorgar esta obra en los próximos días, sentenciaron las voces consultadas de la magistratura.
RIVA S.A. es la misma empresa que salió ganadora en el llamado a licitación del Gobierno nacional para la construcción de un megaedificio en la isla Demarchi.
El impulsor de la denuncia fue Ricardo Monner Sans que impulsó la denuncia el pasado 3/09. También accionó otras cuatro por “ilegalidades” y “sospechas de accionar delictual” en los “procesos de compras, contrataciones y licitaciones” que se efectuaron en la Magistratura, con normas “derogadas” y funcionarios sin los requisitos para ejercer sus cargos.
Irregularidades
La maniobra encubriría desvíos de fondos, ya que se adjudicó el proyecto a la empresa RIVA S.A, la obra no se realizó, los pagos “millonarios” se efectuaron y ahora se abrió una nueva licitación que se adjudicaría a la misma empresa que incumplió “innumerables veces”, en supuesta connivencia con funcionarios del Consejo de la Magistratura, según advierte el denunciante.
El allanamiento se realizó por la mañana y del operativo participaron más de cinco oficiales judiciales que secuestraron expedientes y soportes técnicos de las oficinas del presidente del Consejo de la Magistratura, el camarista federal Alejandro Sánchez Freytes.
¿Por qué esa oficina?
Allí, se habrían intentado “ocultar” la documentación de la Comisión de Administración Financiera que también fue allanada por el personal judicial. De esta, se llevaron documentación, expedientes y computadoras que podrían complicar la situación procesal del presidente de dicha comisión, el camarista laboral Mario Fera y del Administrador General del Poder Judicial, Germán Krieguer.
La obra para la “ambiciosa” construcción de un edificio para el fuero civil se adjudicó a través de la Comisión de Administración y Financiera en Septiembre de 2009, a la empresa constructora RIVA S.A.
No sólo se habría llevado a cabo con leyes “derogadas” sino que además se hizo con la intervención del Administrador General del Poder Judicial que carecería de título habilitante para ejercer su cargo, según denunció la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago.
Al momento de la adjudicación en 2009, Krieguer, no tenía título universitario y habría sido nombrado por el entonces presidente del Consejo, el camarista Luis María Cabral.
La responsabilidad de Fera, Krieguer y Cabral está a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien avanzaría junto al fiscal Patricio Evers en la recolección de pruebas y en la investigación de responsabilidades según el artículo 253 del Código Penal, detallan los técnicos consultados.
Además de investigan supuestos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho y enriquecimiento ilícito de los que intervinieron en el proceso licitatorio y adjudicaron la obra.
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