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| Imagen generada por IA. |
SERVIPRESS / ESPAÑA / JUDICIALES - El verdadero drama de la justicia civil no es que un testigo mienta, sino que los que pueden intervenir, por desconocimiento técnico, carezcan de las herramientas para detectarlo y se censure a quien puede demostrar la verdad material.
Asistir a tu propio juicio y tener que escuchar, en silencio y maniatado por las estrictas normas procesales, cómo un testigo miente sobre el funcionamiento básico de Internet es una de las experiencias más frustrantes a las que puede enfrentarse un ciudadano hoy en día. Pero el verdadero problema no es la mentira en sí, sino la complacencia de un sistema judicial que, por pura ignorancia tecnológica, la eleva a la categoría de "verdad procesal".
Nos enfrentamos a un escenario donde la brecha digital en los juzgados está destruyendo las garantías procesales. En un procedimiento reciente en Alicante, hemos sido testigos de cómo esta desconexión con la realidad tecnológica vulnera derechos fundamentales.
La falacia de los "residuos" y las URLs imposibles
El caso evidencia una carencia alarmante: cuando los jueces y fiscales no entienden cómo funciona la arquitectura web o la indexación en buscadores, cualquier afirmación con barniz técnico, por absurda que sea, es dada por válida. Durante el juicio, se permitió que un testigo afirmara bajo juramento que, al borrar contenidos de una web, quedan "residuos" difíciles de alcanzar. Además, aseguró sin ruborizarse que las imágenes en disputa solo eran accesibles mediante enlaces específicos imposibles de conocer sin previo aviso y que, por tanto, no eran públicas.
Cualquier profesional con nociones básicas de informática sabe que esto es una aberración técnica. Que un producto no aparezca en el escaparate no significa que no se pueda acceder a la tienda y comprarlo. Sin embargo, la magistratura asumió esta declaración como cierta, dictando una resolución que demuestra una absoluta desconexión con la realidad tecnológica actual.
La impotencia frente a la "Verdad Procesal"
La mayor tragedia para el justiciable presente en la sala es la mordaza del procedimiento. Mientras el testigo construía un relato técnicamente insostenible, la víctima comprobaba el perjurio en tiempo real y no podía intervenir.
Tal era la impotencia y, al mismo tiempo, la seguridad del demandante —quien resulta ser también técnico informático y conocía a la perfección tanto los entresijos operativos de la empresa como al propio testigo—, que vio venir el desastre procesal de forma ineludible. Al observar cómo las inverosímiles afirmaciones técnicas no encontraban oposición y calaban en un tribunal tecnológicamente desarmado, presentía ya en ese mismo instante que se le iba a otorgar plena credibilidad al engaño.
Ante la certeza de que el sistema estaba a punto de validar una mentira, el ciudadano decidió actuar. En ese lapso temporal exacto transcurrido después del juicio y antes de que se dictara la sentencia, encargó un riguroso informe pericial informático independiente para dejar constancia científica de la falsedad de las declaraciones.
Fue un paso más allá en su intento de evitar el despropósito: comunicó este encargo antes incluso de que se publicara el fallo. La advertencia estaba sobre la mesa; se avisó de que existía la capacidad técnica y probatoria para desmontar la farsa que el testigo acababa de escenificar en sede judicial.
Sin embargo, el aviso cayó en saco roto. Se consumaba así la indefensión absoluta: de nada sirve conocer la verdad, ni avisar de que se está probando, cuando quienes tienen el poder de intervenir carecen de los conocimientos básicos para entender el entorno digital en el que suceden los hechos.
