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martes, 21 de noviembre de 2017

El blindaje de las aguas españolas a la actividad petrolera a debate en el Congreso español


  • La actividad exploratoria es mínima hoy en día por la caída de los precios del crudo y el fracaso del almacén de gas Castor


ESPAÑA.- El Congreso tendrá que debatir si España cierra todas sus aguas territoriales a la investigación, exploración y producción de gas y de petróleo. El PSOE va a presentar "en los próximos días" una proposición de ley para blindar el litoral a toda actividad petrolera tras el veto del Gobierno -con apoyo del PP y de Ciudadanos- a una proposición de ley aprobada por todos los partidos en el Parlamento Balear para prohibir prospecciones en el Mediterráneo. 

La iniciativa, según el secretario de Medio Ambiente socialista, Hugo Morán, sigue la estela de países como Francia, que también debate el veto a la extracción de crudo en sus aguas, incluidas las de sus territorios de ultramar.

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"Hay un consenso internacional en que para evitar el calentamiento global no deberían extraerse los dos tercios de las reservas de crudo existentes. Y eso hay que trasladarlo a la acción política en forma de leyes" explica Morán .

La iniciativa socialista tiene lugar en un momento de retroceso en la actividad de exploración e investigación en las aguas territoriales. Margarita Hernando, presidenta de la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración, Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (Aciep) describe la situación: "En estos momentos no hay permisos de investigación off shore activos. Los que había están renunciados o en proceso de renuncia. Sí hay alguna solicitud en la cornisa cantábrica y el Golfo de León. En cuanto a campos de explotación activos, sólo lo están los situados frente a las costas de Huelva y de Tarragona (ver mapa)".

Actividad mínima en exploración

La actividad exploratoria es mínima por dos razones: el descenso en los precios del crudo de los últimos años, que hace poco interesante la inversión y el impacto en la opinión pública del fracaso del almacén de gas Castor , frente a las costas de Castellón. Según fuentes de Aciep, a la que pertenecen como socios Repsol y Cepsa entre otras compañías, será difícil que empresas como CNWL o Carnagy, que han renunciado a proyectos ante las dificultades, resuciten sus planes.

En la actualidad, ninguna empresa está realizando sondeos para hallar nuevos yacimientos de hidrocarburos. El último se produjo el 18 de noviembre de 2014, cuando Repsol inició un sondeo exploratorio para inspeccionar si en el emplazamiento denominado Sandía, a 60 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura, se hallaba un yacimiento petrolífero. La polémica desatada paralizó toda la actividad de Repsol en la zona.

Pero los socialistas no lo tienen claro. Recelan sobre todo del Gobierno. Tienen razones. En junio, el Gobierno vetó la propuesta del Parlamento Balear -unánime- para prohibir las prospecciones en el Mediterráneo. PP y Ciudadanos apoyaron el veto del Ejecutivo, fundamentado, explica Morán "en razones de impacto presupuestario".

Más allá de la coyuntura, organizaciones como Aciep siguen defendiendo la necesidad de explorar  para encontrar y extraer gas y petróleo "localmente y con estándares medioambientales más estrictos  que los aplicados en los lugares desde donde ahora se importa". A favor de las tesis de Aciep están las  cifras récord de importación de crudo y su impacto negativo en las cuentas del Estado; en contra, las consecuencias, tanto en emisiones como en precios de la energía.

Oposición generalizada

Con su proposición, el PSOE intenta conectar con las múltiples iniciativas de comunidades autónomas y corporaciones locales para impedir las prospecciones en busca de hidrocarburos. En 2014, el Gobierno intentó suavizar la oposición generalizada a los proyectos, especialmente de fracking (para extraer gas de las rocas de esquisto). Con ese fin aprobó un proyecto de ley tributaria para gravar a las empresas la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. La recaudación recaería, en parte, en las comunidades y ayuntamientos.

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Pero la medida no ha funcionado. El Ministerio de Energía no ha recibido ninguna solicitud de explotación. Ni antes ni después de 2015, tras la reforma de la ley de Hidrocarburos que trataba de animar el negocio.

En la página web del departamento que dirige Álvaro Nadal sólo figura un permiso vinculado la utilización de la"técnica de fractura hidráulica alto volumen (inyección de agua de hasta 10.000 metros cúbicos en un pozo)". Se trata del permiso denominado Bigüenzo-proyecto Sestero 1, de la empresa Petroleum Oil &Gas España SA en el término de Valderrible (Cantabria).

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