- Según datos de las autoridades comunitarias, un 40% de los casos de cierre de empresa durante la crisis estaban relacionados con el retraso de los pago tanto del sector público como del privado.
ESPAÑA.- Grandes empresas del Ibex-35 y la administración española incumplen la normativa europea que regula los plazos de pago a las empresas subcontratadas. Eso tiene un efecto negativo directo sobre las pymes. Entidades como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) lo han denunciado en reiteradas ocasiones y también lo ha hecho el eurodiputado catalán Ramon Tremosa, que ha hecho suya esta causa.
Tremosa subraya que el efecto sobre el tejido productivo catalán es significativo atendido el peso de la pequeña y mediana empresa.
"En Catalunya, con otro mercado laboral, no se habría dado esta mortalidad de pymes y tendríamos un paro más bajo. Este es el coste del status quo español. Una idea defendida por las patronales catalanas y las pymes, que reconocen este hecho," argumenta Tremosa.
El eurodiputado catalán, que ha trabajado codo con codo con la PMcM, ha denunciado el caso delante de la Comisión Europea (CE), que ha reconocido que una parte diferencial de paro entre España y Europa se debe a la morosidad.
"Muchas pymes solventes han cerrado porque no cobraban los servicios de las grandes empresas del Ibex, de la administración española y de las autonomías que pagan con retraso, como Andalucía y la Comunidad Valenciana", añade.
En esta línea, insiste en que "con otro mercado laboral, con otro régimen de cumplimiento de pago de facturas –como ya hacen algunos ayuntamientos catalanes que pagan a 30 o 60 días– no habría habido esta mortalidad de pymes y Catalunya tendría un paro unos cuantos puntos más bajo. Eso lo reconoce la comisión europea y lo suscriben las patronales catalanas".
Incumplimiento reiterado de la legislación
Mientras las autoridades españolas miran hacia otro lado, Tremosa recuerda que el reglamento que regula el pago de servicios es "una norma europea de literal y obligada transposición y cumplimiento" y que se incumple reiteradamente. "En vez de pagar a 60 días, se paga a 180 o 200 días", apunta y añade que "eso no da seguridad jurídica a las pymes, que son las más indefensas".
El caso es tan flagrante que la Comisión Europea ha abierto una investigación pero no sólo para definir claramente cuál es la media de pago del sector público y privado en el conjunto del estado español. Y es que la CE cree que en España se podrían estar dando prácticas irregulares como, por ejemplo, alterar las estadísticas oficiales sobre morosidad.
Tremosa presentó una pregunta escrita a la CE sobre la metodología de cálculo del plazo medio de pago de las administraciones públicas españolas. El objetivo del eurodiputado de Convergencia era dejar en evidencia que, lo que ofrece el gobierno español cuando publica estos datos, es "el plazo medio de pago excedido". Es decir, que retrasa 30 días la fecha de inicio del cómputo.
Por eso Bruselas estudia si, a la práctica, se cumplen los plazos.
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