BOLIVIA.- El Gobierno Nacional, a través del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, y el representante legal del consorcio español JOCA, Waldo Vizcarra, cuando firmaban el contrato para la construcción del Tren Metropolitano para Cochabamba, cuya inversión asciende a $us 537 millones, ante la presencia del presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, el Gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, alcaldes del Consejo Metropolitano –a excepción del de Cercado, José María Leyes- y otras autoridades departamentales, municipales, sindicales y organizaciones sociales.
Luego de que la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, levantara sospechas sobre la adjudicación del tren metropolitano de Cochabamba a la empresa española JOCA al solicitar que las instancias de Gobierno le regalaron un tren en papeles al departamento, la constructora refutó las declaraciones.
“Rechazamos lo que esta señora ha mencionado, esta es una empresa muy seria. La adjudicación que hemos tenido ha sido transparente. Eso consta en toda la documentación”, afirmó el representante de JOCA en Bolivia, Fernando Viscarra.
El ejecutivo manifestó que desconoce a Gabriela Zapata, investigada desde febrero por presunto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito por los contratos adjudicados a la empresa china Camce.
El asambleísta departamental, Mario Orellana, informó que continúa investigando la adjudicación de JOCA. Agregó que su trabajo se ve perjudicado por la documentación que hay del proyecto, la falta del Documento Base de Contratación y las memorias de cálculo que fijaron en 504 millones del costo del proyecto.
Ante las declaraciones de Zapata instó al Gobierno a iniciar las obras del tren metropolitano y a explicar las razones por las que se demora la aprobación del financiamiento. Instó a la expareja del presidente a demostrar sus insinuaciones con pruebas.
Sobre la adjudicación del proyecto de ampliación (hub) del aeropuerto de Viru Viru por 300 millones de dólares a la empresa china Beijing Urban Construction, que también fue mencionada por Zapata, el diputado por Santa Cruz, Tomás Monasterios, anunció una fiscalización más profunda y la solicitud de informes sobre la contratación.
“Después de estas declaraciones no queremos que esto sea otro caso Camce. No queremos que la plata del Estado y la construcción de obras de alto impacto vayan simplemente para cumplir las deudas con la expareja de Morales”, comentó.
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