GUATEMALA .- La instancia judicial denegó un amparo a la Reforestadora de Palma de Petén S.A. (Repsa), presentado por varios comunitarios, presuntamente interesados en que quedara sin efecto la resolución emitida el 17 de septiembre contra la empresa por afectar a más de 22 mil personas y contaminar ese cause.
Ese día la jueza Karla Hernández del Juzgado de Delitos Ambientales de Petén ordenó el cierre de las operaciones de la compañía por seis meses, tras las denuncias por los vertidos de sustancias tóxicas que intoxicaron las aguas y provocaron la muerte de cientos de peces y otras especies en La Pasión.
Los principales afectados por el ecocidio en ese afluente fueron los pobladores de las distintas comunidades del municipio de Sayaxché, donde subió de tono la conflictividad social a partir de esos acontecimientos y hasta fue asesinado uno de los líderes del movimiento de protesta, Rigoberto Lima.
El maestro y concejal electo por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, quien acusó a Repsa de causar el desastre en La Pasión, recibió varios disparos de dos personas en motocicleta frente al Juzgado de Paz de Sayaxché, el 18 de septiembre, es decir, poco después de emitida la resolución contra la firma.
También ese día un centenar de empleados de la empresa acudieron a la sede del Organismo Judicial de San Benito Petén para demostrar su rechazo a la orden que consideraron lesiva a sus intereses, por privarlos de sus empleos.
El Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala acusó a los directivos de Repsa de incitar a sus empleados a realizar esta acción y otros bloqueos en la carretera de Sayaxché hacia la ruta de Cobán, departamento de Alta Verapaz.
Igual denunciaron a la transnacional por alentar a un atentado contra la integridad física de tres de sus colaboradores, quienes incluso fueron retenidos por 12 horas.
Prensa Comunitaria recordó que las acciones emprendidas con el fin de que se investigue y haga justicia por el ecocidio en La Pasión derivaron del esfuerzo de comunidades de la región, organizaciones civiles, y entidades estatales, representadas en la Comisión Por la Defensa de la Vida y la Naturaleza.
Ese equipo está integrado por Calas Guatemala, el Grupo Projusticia, la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y el Ministerio Público.
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